Anulados los acuerdos del Cabildo de Fuerteventura posteriores al 22 diciembre

La Delegación del Gobierno en Canarias ha emitido un informe vinculante que obliga al Cabildo majorero a anular todas las decisiones adoptadas en Consejo de Gobierno después del 22 de diciembre, fecha en la que perdieron el quórum mínimo de tres que obliga el Reglamento Orgánico del Cabildo de Fuerteventura (ROF).

En un comunicado, el Partido Popular ha informado del informe de la Delegación del Gobierno emitido después de que el presidente Sergio Lloret se quedara con un solo consejero, Juan Nicolás Cabrera, de Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF) tras el cese de los siete consejeros de Coalición Canaria y el abandono de los cuatro del Partido Popular.

Además, el informe de la Delegación del Gobierno da un plazo de un mes para que revoque cuantas decisiones hayan sido adoptadas en Consejo de Gobierno a partir de esa fecha.

“Estamos ante un hecho sin precedentes en la administración insular de Fuerteventura y de Canarias”, ha señalado la consejera y candidata del PP a la presidencia del Cabildo majorero, Jessica de León.

Además, ha subrayado que “ya lo advertimos hace unos meses: si el presidente se quedaba solo con el consejero Juan Nicolás Cabrera, el Consejo de Gobierno sería nulo de pleno derecho y cualquiera de los acuerdos que se adoptaran no tendrían validez”.

“Sin embargo, ahora esa imprudencia y temeridad, de la que solo Sergio Lloret es el auténtico responsable, puede costarnos muy caro a todas las personas que vivimos en Fuerteventura”, ha lamentado.

El informe emitido por la Delegación del Gobierno pone de manifiesto la intención deliberada de Lloret de ignorar el artículo 42 del Reglamento Orgánico del Cabildo de Fuerteventura.

“En un evidente acto deshonesto que está apartado de todo sentido común, porque dos personas no pueden conformar un órgano colegiado ni en primera ni segunda convocatoria", ha señalado de León.

El artículo 42 de ROF señala que, para la válida constitución, celebración de las sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos del Consejo de Gobierno Insular se requerirá la presencia de la mayoría absoluta de sus componentes.

Además, se indica que, si no existiera quórum, se constituirá en segunda convocatoria, media hora después de la señalada para la primera, siendo suficiente la presencia de la tercera parte de sus miembros y en todo caso un número no inferior a tres, incluyendo la Presidencia.

A pesar de que el texto es claro en ese aspecto, el Grupo Popular en el Cabildo ha recordado que el presidente se saltó de forma intencionada el máximo reglamento de funcionamiento de la institución amparándose para ello en un informe externo que en nada era vinculante.

Los populares han señalado que, para articular y dar validez a la celebración de los Consejos de Gobierno, Sergio Lloret llegó incluso a amenazar al personal del Cabildo.

Ante esto, el PP exigirá que se diriman todas las responsabilidades políticas necesarias ante una acción grave y continuada que ha llevado a la Institución insular a adoptar decisiones bajo un procedimiento ilegal.

“El presidente, aun habiendo sido advertido a través de un informe emitido por la Secretaría General del Pleno, ha ignorado dicho informe para continuar tomando una serie de acuerdos que, tras confirmarse que son nulos de pleno derecho, pueden costar caro a las arcas insulares”, ha apuntado.

De León ha recordado que en estos últimos tres meses se han sacado a licitación contratos por más de 35 millones de euros; pero, al ser nulos, las personas físicas o jurídicas adjudicatarias están en su derecho de reclamar las correspondientes indemnizaciones, tal y como ya advirtió el Partido Popular.

Por todo ello, el PP ya ha pedido la comparecencia del presidente en el pleno del Cabildo majorero para que dé cuenta de las acciones que tiene previsto adoptar, así como para que informe de “cuánto nos va a costar esto a los majoreros, a las empresas y a los funcionarios de la casa, que trabajan sin seguridad jurídica”, ha concluido de León. EFE